La cantante española Isabel Pantoja fue condenada este martes a dos años de cárcel y una multa de 1,15 millones de euros por blanquear dinero malversado por su ex amante cuando éste era alcalde de la turística Marbella, en el sur de España.

Popular figura de la escena artística y personaje habitual en la prensa rosa española, Pantoja, de 56 años, fue condenada junto a su ex compañero sentimental y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, sentenciado a siete años de prisión y 3,8 millones de multa.

 Sin embargo, es posible que la tonadillera evite ingresar en prisión, ya que la justicia española lo permite en condenas no superiores a dos años si se carece de antecedentes judiciales, como es su caso.

 La exesposa de Muñoz, Maite Zaldívar, acusada como Pantoja de «blanqueo continuado» de capitales –ya que el juez entendió que ambas conocían el «origen ilícito» del dinero que les daba el exalcalde–, fue condenada a más de tres años de prisión y una multa de 2,4 millones de euros.

 Sentada junto a los otros acusados en el tribunal, la artista, vestida con un pantalón negro y un chal beige sobre los hombros, escuchó con semblante serio y los brazos cruzados sobre el pecho cómo una juez de la sureña Málaga leía la sentencia.

 Al salir del juzgado, protegida por la policía ante la multitud de periodistas y curiosos que la esperaban –muchos de ellos para abuchearla–, la cantante sufrió un desmayo antes de ser introducida en el automóvil gris que la sacó del lugar, según imágenes de televisión.

 Alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, Muñoz fue condenado por blanqueo de capitales y por haberse enriquecido de manera irregular cuando estaba al frente de una localidad costera muy apreciada por ricos y famosos y marcada por numerosos escándalos de corrupción.

 La investigación que condujo al juicio de Pantoja había derivado del denominado «caso Malaya» –el mayor escándalo de corrupción urbanística conocido en España– en el ayuntamiento marbellí en 2006, cuyo juicio con 95 acusados, entre ellos Muñoz, quedó visto para sentencia en julio.

 Durante su instrucción, los investigadores bloquearon un millón de cuentas bancarias e intervinieron bienes por un total de 2.400 millones de euros.

 Los años de la burbuja inmobiliaria española, que estalló en 2008 y sumió al país en una profunda crisis, hicieron posible un rápido y sospechoso enriquecimiento de cargos municipales y regionales con acceso a los planes de urbanismo.

Fuente el universal